admin Fue una de las sonoras polémicas del verano pasado: un grupo de madres de Almendralejo (Extremadura) denunciaba que un grupo de jóvenes estaban generando con inteligencia artificial imágenes falsas, deepfakes, de sus hijas menores de edad desnudas. Después, ese material se distribuía en distintos grupos en aplicaciones de chat.
La condena llegó el mes pasado: tras identificar a varios menores, 15 de ellos fueron condenados por el Juzgado de Menores de Badajoz por 20 delitos de pornografía infantil y otros 20 delitos contra la integridad moral. Han sido condenados a un año de libertad vigilada y a hacer formaciones sobre igualdad, género y el uso responsable de la tecnología.
No ha pasado ni un mes desde que se conociera la sentencia cuando la Guardia Civil ha comunicado un caso muy similar. Este se ha producido en Sevilla. Es en esta provincia donde el Instituto Armado ha investigado a cinco jóvenes por difundir imágenes de 20 menores de edad desnudas por inteligencia artificial.
La Benemérita estudia si estos menores podrían ser responsables de un delito de pornografía infantil y de otro de revelación de secretos: las pesquisas comenzaron tras la denuncia que interpuso los padres de una de las víctimas. La casuística, por lo demás, es idéntica: los deepfakes se generaron con una herramienta IA y difundidos después por una app de mensajería.
Los agentes de la Guardia Civil han procedido a la identificación de todas las personas implicadas, tanto mayores como menores de edad, que eran responsables de usar este programa IA. Cuando las imágenes eran manipuladas y difundidas causaban «un daño significativo tanto emocional como social a las víctimas», relata el Instituto Armado en un comunicado remitido a los medios.
«Además, el realismo de las imágenes generaba una gran dificultad para distinguir entre aquellas que eran auténticas y las que habían sido modificadas», apunta el mismo cuerpo. «Las diligencias instruidas junto con los datos identificativos de los cinco investigados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial».
